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Voluntarios y personal de Caridades Católicas del Valle del Río Grande ayudan a migrantes latinoamericanos y haitianos en un refugio para migrantes en McAllen, Texas. / Crédito: Peter Pinedo/CNA
Redacción de Washington, D.C., 13 de junio de 2025 / 18:09 pm (CNA).
El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de EE. UU. y el Subcomité de Supervisión, Investigaciones y Rendición de Cuentas han anunció iniciado una investigación sobre más de 200 organizaciones no gubernamentales (ONG), incluidas dos importantes organizaciones católicas sin fines de lucro, que proporcionaron servicios financiados por los contribuyentes a migrantes durante la administración Biden.
Catholic Charities USA y la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) se encuentran entre los nombrados en la investigación. Según un comunicado de prensa del 11 de junio, la investigación determinará si las ONG “utilizaron dólares de los contribuyentes para facilitar actividades ilegales” por parte de migrantes que ingresaron a EE. UU. durante la administración Biden.
A todas las ONG nombradas en la investigación se les ha enviado una Carta solicitud para que completen una encuesta. La carta también expresa preocupación de que algunas de las ONG continúen asesorando activamente a “extranjeros ilegales sobre cómo evitar e impedir a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, lo que solo puede verse como un intento de socavar el trabajo del gobierno federal”.
“Los presidentes solicitan que cada ONG complete una encuesta que incluya preguntas sobre las subvenciones, contratos y desembolsos gubernamentales que han recibido; cualquier demanda contra el gobierno federal de EE. UU. en la que estén presentando peticiones; escritos amicus curiae que hayan presentado en cualquier demanda contra el gobierno federal de EE. UU.; cualquier servicio legal, servicio de traducción, transporte, vivienda, refugio o cualquier otra forma de asistencia proporcionada a inmigrantes ilegales o niños extranjeros no acompañados desde enero de 2021; y más”, declaró el comunicado de prensa.
La portavoz de la USCCB, Chieko Noguchi, dijo a CNA que “hemos recibido el cuestionario y responderemos”.
“Durante más de 45 años, la USCCB ha celebrado acuerdos con el gobierno federal para servir a grupos de personas específicamente autorizadas por el gobierno federal para recibir asistencia”, dijo Noguchi. Añadió que “esto incluía refugiados, personas a las que se les concedió asilo, niños no acompañados, víctimas de trata de personas y afganos que ayudaron al ejército estadounidense en el extranjero”.
La investigación se produce después de que la USCCB anunciara en abril que no renovaría sus acuerdos de cooperación con el gobierno federal sobre servicios de migración y refugiados, que habían estado vigentes durante casi medio siglo. La USCCB comenzó a eliminar gradualmente sus programas poco después.
La administración Biden proporcionó a la USCCB más de $100 millones anuales, que los obispos asignaron a organizaciones no gubernamentales católicas afiliadas, según los estados financieros auditados de la USCCB. En los últimos años, la financiación federal cubrió más del 95% del gasto de los obispos en los programas.
Otras ONG no católicas nombradas como sujetos de la investigación incluyen el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y la Haitian Bridge Alliance.