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null / Crédito: JulieStar/Shutterstock
EWTN News, 16 de dic. de 2025 / 06:00 am (CNA).
Un nuevo informe publicado por la Secretaría General de la Educación Católica (SGEC) en Francia ha causado conmoción en el panorama educativo del país, reabriendo el debate sobre los métodos utilizados en la supervisión estatal, posibles abusos ideológicos y su impacto en la libertad educativa.
Publicado el 8 de diciembre, el documento de 14 páginas ampliamente citado en la prensa francesa recopila testimonios de profesores, directores y personal de escuelas católicas bajo contrato estatal que denuncian haber sido objeto de lo que los líderes de la educación católica describen como inspecciones “abusivas” e “intrusivas” llevadas a cabo por funcionarios del Ministerio de Educación Nacional. El informe destaca que no cuestiona el principio de la supervisión estatal en sí, sino que denuncia los métodos empleados, métodos que, según los líderes católicos, corren el riesgo de socavar tanto la dignidad de los educadores como la propia identidad de las escuelas católicas.
La controversia estalló pocos meses después de la publicación de un informe parlamentario que pedía una mayor supervisión de las instituciones católicas en nombre de la protección de los menores. Los responsables de las escuelas católicas están lanzando ahora una firme advertencia contra el clima de sospecha y explotación política que han visto desarrollarse en los últimos meses.
En julio, las revelaciones de abusos físicos y sexuales en Notre Dame de Bétharram, un internado católico en el suroeste de Francia, desencadenaron un debate nacional sobre cómo se identifican, denuncian y abordan los abusos en las escuelas, junto con casos similares en otras instituciones. Una investigación parlamentaria examinó posteriormente estos casos, destacando graves fallos institucionales y planteando preguntas sobre cómo se lleva a cabo la supervisión en las escuelas confesionales que operan bajo contrato estatal.
Según los testimonios recogidos, las inspecciones han tomado a veces la forma de lo que el informe denomina “demostraciones de fuerza desproporcionadas”. Según se informa, los inspectores llegaron sin previo aviso en grupos de 10 a 16 personas, dispersándose por los edificios escolares sin acompañamiento, interrumpiendo las clases, fotografiando las aulas, interrogando a los estudiantes e incluso registrando las mochilas de los alumnos. Algunos profesores describen a los inspectores entrando en las aulas sin identificarse, hojeando los cuadernos de los alumnos en plena clase e interrogando al personal delante de los niños.
Los educadores católicos afirman que la naturaleza de algunas de las preguntas formuladas ha sido especialmente preocupante. Los profesores informaron haber sido interrogados sobre sus prácticas religiosas personales, incluyendo si asisten a misa los domingos. Supuestamente, los inspectores examinaron y tomaron fotos de los diarios espirituales personales de los estudiantes, documentos explícitamente destinados a permanecer en privado. Los directores relatan haber sido presionados para eliminar referencias cristianas de los proyectos escolares o para retirar símbolos religiosos, exigencias que contradicen directamente el reconocimiento legal del carácter distintivo de las escuelas católicas bajo la ley francesa.
Un efecto paralizante sobre los educadores
Más allá de los incidentes individuales, el informe describe un panorama de desmoralización generalizada. Los educadores describen un clima de miedo y ansiedad, con la confianza en los socios institucionales gravemente erosionada. Algunos inspectores supuestamente desestimaron los resultados académicos positivos sugiriendo que los estudiantes ya eran fuertes antes de matricularse. Otros enviaron avisos críticos a los funcionarios electos locales que contenían afirmaciones controvertidas o potencialmente difamatorias, dejando a los líderes escolares sintiéndose desacreditados públicamente antes de que pudiera tener lugar cualquier diálogo.
Guillaume Prévost, quien se convirtió en secretario general de la educación católica en septiembre, expresó su consternación en una entrevista con la revista semanal Famille Chrétienne.
“No podíamos seguir permitiendo que nuestros profesores fueran humillados”, dijo para explicar por qué la dirección de la educación católica decidió hacer público el informe.
Prévost también insistió en que la educación católica no se opone categóricamente a las inspecciones. En su introducción al informe, recordó que “no puede haber libertad sin control” y describió las inspecciones como un componente esencial del sistema. Según él, muchas inspecciones conducen finalmente a intercambios constructivos, en los que los inspectores destacan puntos fuertes como las relaciones de las escuelas con las familias, su apoyo a los estudiantes con discapacidad y la coherencia general de sus proyectos educativos. No obstante, subrayó que las inspecciones deben realizarse dentro de un marco legal claro y con el debido profesionalismo, moderación y discernimiento.
El peligro más profundo, en su opinión, no reside solo en los abusos individuales, sino también en una deriva sistémica. Si las inspecciones se convierten en una herramienta para neutralizar la identidad católica, imponer una tutela administrativa o alinear las escuelas católicas por completo con el modelo público, advirtió, Francia corre el riesgo de destruir una de sus mayores fortalezas educativas en nombre de la uniformidad.
Tales tensiones no son nuevas y reflejan una larga historia de relaciones tensas entre el Estado francés y las instituciones católicas. La Ley Debré de 1959 pretendía encontrar un equilibrio y mejorar las relaciones Iglesia-Estado permitiendo que las escuelas privadas operaran bajo contrato estatal mientras preservaban su identidad distintiva. Los recientes debates en torno a las inspecciones han revivido las preguntas sobre cómo debe interpretarse ese equilibrio en la práctica.
En los últimos años, el gobierno del presidente francés Emmanuel Macron ha tratado de endurecer la supervisión en varias áreas de la educación, incluyendo propuestas para restringir la educación en casa y aumentar el escrutinio de ciertas escuelas católicas, incluyendo casos de alto perfil como la Escuela Stanislas de París, aunque las inspecciones no establecieron violaciones sistémicas allí.
La respuesta del gobierno
en un declaración tras la publicación del informe de la SGEC, el Ministerio de Educación Nacional ha tratado de reducir las tensiones, reafirmando que las inspecciones se rigen por un marco legal estricto y reconociendo explícitamente que las preguntas destinadas a identificar la afiliación religiosa de un estudiante están prohibidas. “Se enviarán instrucciones firmes”, dijo el ministerio, a todos los rectores para aclarar tanto el fondo como la conducta de las inspecciones. “Si ha habido fallos, se extraerán todas las consecuencias”.
El ministro de Educación, Édouard Geffray, ha subrayado que la supervisión sigue siendo necesaria a la luz de los abusos pasados, señalando que este año ya se han realizado más de 850 inspecciones y se esperan 1.000 para finales de año.
La educación católica en Francia atiende actualmente a más de 2 millones de estudiantes de una amplia gama de orígenes sociales. Sus representantes enfatizan que la forma en que se llevan a cabo las inspecciones tiene implicaciones concretas no solo para las escuelas mismas, sino también para las familias que depositan su confianza en ellas.