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El presidente Joe Biden habla durante un servicio de oración interreligioso en la Catedral-Basílica de San Luis, Rey de Francia, en Nueva Orleans el 6 de enero de 2025. / Crédito: ROBERTO SCHMIDT/AFP vía Getty Images
Redacción de Washington, D.C., 7 de noviembre de 2025 / 14:11 pm (CNA).
Un informe del Centro de Ética y Política Pública (EPPC) recopiló acciones regulatorias bajo el expresidente Joe Biden que, según los investigadores, demuestran un sesgo anticristiano sistemático por parte de la administración anterior.
el Nov. 3 report fue publicado en respuesta a la orden ejecutiva del 6 de febrero del presidente Donald Trump para erradicar el sesgo anticristiano y proteger la libertad religiosa mediante cambios en las políticas y regulaciones federales.
Según el informe, la administración Biden ignoró la libertad religiosa como medio para hacer cumplir sus “políticas radicales a favor del aborto y a favor de LGBTQI+”. Afirma que la libertad religiosa fue ignorada “cuando se trataba de esas prioridades políticas”, lo que afectó a empleados públicos y privados, empresas, organizaciones religiosas, estudiantes y aquellos que buscaban asociaciones federales.
El informe enumera tres formas clave en las que esto se llevó a cabo: políticas en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) que atacaron los derechos de conciencia relacionados con la atención médica, políticas en la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) que pusieron en peligro la libertad religiosa, y un fracaso más amplio para respetar la libertad religiosa a través del proceso de elaboración de normas.
Políticas y prácticas anticristianas
Bajo Biden, el informe señala que el HHS desmanteló la aplicación de las protecciones de conciencia para los trabajadores de la salud a pesar de las salvaguardias en la ley federal. Dice que el exsecretario del HHS, Xavier Becerra, eliminó la mayoría de las menciones a las protecciones de conciencia y libertad religiosa y eliminó la División de Conciencia y Libertad Religiosa.
El sitio web del HHS de Biden enumeraba cuatro acciones relacionadas con las protecciones de conciencia a partir de 2024, y dos de ellas consistían en detener las medidas de aplicación tomadas bajo Trump, según el informe. Las otras dos medidas buscaban proteger a los trabajadores de la salud que participaban en abortos.
El HHS también buscó hacer cumplir la prohibición de discriminación por “sexo” de la Ley de Cuidado de Salud Asequible para incluir una prohibición de discriminar a una persona por su “identidad de género” o por someterse a un aborto. El HHS admitió más tarde que escucharía las objeciones de libertad religiosa “caso por caso” para permitir que los empleados presentaran casos contra empleadores religiosos, según el informe.
El informe señala que el HHS utilizó el mismo estándar “caso por caso” para otras reglas contra la discriminación, incluso en la administración de subvenciones.
En la EEOC, la administración buscó limitar las exenciones religiosas a las leyes contra la discriminación, señala el informe. Un ejemplo enumerado fue la aplicación de la Ley de Equidad para Trabajadoras Embarazadas, en la que la administración buscó obligar a los empleadores, incluidas las organizaciones religiosas, a ofrecer adaptaciones para que las mujeres pudieran obtener abortos. Esto provocó una demanda de los obispos católicos de EE. UU. y otros grupos, lo que llevó a múltiples tribunales a detener la aplicación.
El informe señala que la EEOC también impulsó mandatos sobre pronombres transgénero y baños en las empresas y, a menudo, argumentó en contra de las solicitudes de exención por libertad religiosa en los procedimientos judiciales.
Los autores del informe alentaron a la administración Trump a reescribir cualquier regulación que ponga en peligro la libertad religiosa. También sugirieron que el Congreso apruebe leyes para proteger mejor la libertad religiosa, lo que podría evitar que futuras administraciones ignoren esas protecciones.
El presidente del EPPC, Ryan Anderson, forma parte de la Comisión de Libertad Religiosa, que Trump creó a principios de este año para combatir la discriminación contra personas y organizaciones religiosas.